Necesaria la mejora regulatoria como medida de combate a la corrupción

La maestra Elizabeth Vázquez Bernal, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) participó en el Taller de gestión ambiental para la mejora regulatoria, en el que se analizó la necesidad de hacer más eficientes los trámites en ventanillas públicas como una forma de combatir el fenómeno de la corrupción.

El CPC como parte de su estrategia de combate a la corrupción impulsa la necesidad de que losservicios públicos se realicen con transparencia y fácil acceso, a fin de evitar que la ciudadanía recurra a actos de corrupción como sobornos, coyotaje o las llamadas “gestorías” para agilizar los trámites en el sector público.

“Si tenemos la voluntad política para echar a andar esta nueva forma de ver el servicio público tendremos, a través de trámites sencillos y con el uso de plataformas digitales y amigables con los usuarios”, aseguró Elizabeth Vázquez, quien pidió que los trámites integren cada vez más aplicaciones digitales para mejorar el servicio para toda la ciudadanía, incluidos por su puesto los servidores públicos.

Como parte del CPC, Vázquez Bernal señaló también que es necesaria una visión preventiva para orientar y educar a los ciudadanos, a fin de que estén informados respecto a la forma de hacer sus trámites y así evitar que busquen atajos basados en actos de corrupción para poder estar al corriente con sus obligaciones.

“Hay que demostrar eficiencia, eficacia y orden pero sobre todo ponerse en los zapatos de los demás para mejorar la forma de realizar trámites y aquí no se trata de priorizar la sanción, sino de mejorar la administración pública en favor de todos los ciudadanos”, apuntó.

En la mesa de análisis señalaron que actualmente una persona tarda entre 5 y 225 días en poder realizar trámites que deberían ser sencillos; para los que requieren acudir entre 1 a 8 dependencias con entre 8 a 25 documentos en los más de 800 trámites que se realizan en Michoacán; si se pudieran simplificar los procesos implicaría un ahorro de mil 300 millones de pesos para la ciudadanía.