Integridad y ética, elementos esenciales en el decreto de confinamiento.

La pandemia del Covid-19, ha obligado a las autoridades estatales y federales a implementar acciones con celeridad ante la pandemia que amenaza con ser una de las más mortales de no implementar medidas sanitarias adecuadas, sin embargo, ninguna acción puede ser completa e integral, si las mismas, no son resultado de un apego irrestricto a lo que marca la legislación y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, y el recién decreto emitido por el Ejecutivo Estatal y publicado en el Diario Oficial del Estado, POR EL QUE SE DECLARA EL AISLAMIENTO OBLIGATORIO ANTE LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), deben ser cuidadosamente vigilados para que servidores públicos no incurran en excesos durante la aplicación de los mismos.

Para contextualizar y poner en su dimensión, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) publicado por el INEGI durante el 2017 ubicó a la corrupción nuevamente en el segundo lugar de los problemas que preocupan más a la población mexicana. Sin embargo, el porcentaje de población preocupada por este fenómeno pasó del 50.9% en 2015 a 56.7% en 2017. Esta misma encuesta revela, por otro lado, que el mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.5% de los casos. Además, se calcula que la tasa de prevalencia de corrupción pasó de 12,590 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2015, a 14,635 en 2017; mientras que la incidencia pasó de 30,097 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes a 25,541 en 2017.

De igual manera, durante el 2018, poco más de una cuarta parte de la población en México pagó o le fue pedido un soborno para un servidor público. Así lo revela una encuesta realizada por Grupo Reforma y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Las cifras son apabullantes, y según la encuesta son los elementos de seguridad pública quienes al tener contacto con la población, son más proclives a realizar actos de corrupción.

Por todo lo anterior el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, propone:

  1. Que las instituciones públicas participantes en la aplicación del Decreto, establezcan un protocolo de intervención que sea claro y completo, en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de sus elementos, durante las acciones y operativos que se efectúen.
  2. Un código de conducta ética debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de las instituciones participantes.
  3. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que vigilen de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en todos los miembros de las instituciones públicas participantes, y su respeto irrestricto a los derechos humanos.
  4. Sistemas adecuados de denuncia ante las autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúan de forma contraria a las normas internas o a la ley. Esto implica la generación de una línea directa para denunciar casos de extorsión o “mordidas” por parte de los servidores públicos.
  5. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus acciones, informe ante medios de comunicación sobre detenciones, causas y sanciones.

Para el Comité de Participación Ciudadana es una preocupación y prioridad que toda acción que se implemente en el marco de la pandemia se realice de manera íntegra, transparente y ética, buscando siempre el beneficio de la ciudadanía.

Elvia Higuera Pérez

Rosmi Berenice Bonilla  Ureña                                                                            Elizabeth Vázquez Bernal 

Víctor Hugo Vieyra Avilés                                                                                    César Arturo Sereno Marín                                                                                                                                                                      

Comisión de Participación Ciudadana de Michoacán | 2019
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