La pandemia del Covid-19, ha obligado a las autoridades estatales y federales a implementar acciones con celeridad ante la pandemia que amenaza con ser una de las más mortales de no implementar medidas sanitarias adecuadas, sin embargo, ninguna acción puede ser completa e integral, si las mismas, no son resultado de un apego irrestricto a lo que marca la legislación y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, y el recién decreto emitido por el Ejecutivo Estatal y publicado en el Diario Oficial del Estado, POR EL QUE SE DECLARA EL AISLAMIENTO OBLIGATORIO ANTE LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), deben ser cuidadosamente vigilados para que servidores públicos no incurran en excesos durante la aplicación de los mismos.
Para contextualizar y poner en su dimensión, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) publicado por el INEGI durante el 2017 ubicó a la corrupción nuevamente en el segundo lugar de los problemas que preocupan más a la población mexicana. Sin embargo, el porcentaje de población preocupada por este fenómeno pasó del 50.9% en 2015 a 56.7% en 2017. Esta misma encuesta revela, por otro lado, que el mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.5% de los casos. Además, se calcula que la tasa de prevalencia de corrupción pasó de 12,590 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2015, a 14,635 en 2017; mientras que la incidencia pasó de 30,097 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes a 25,541 en 2017.
De igual manera, durante el 2018, poco más de una cuarta parte de la población en México pagó o le fue pedido un soborno para un servidor público. Así lo revela una encuesta realizada por Grupo Reforma y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Las cifras son apabullantes, y según la encuesta son los elementos de seguridad pública quienes al tener contacto con la población, son más proclives a realizar actos de corrupción.
Por todo lo anterior el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, propone:
- Que las instituciones públicas participantes en la aplicación del Decreto, establezcan un protocolo de intervención que sea claro y completo, en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de sus elementos, durante las acciones y operativos que se efectúen.
- Un código de conducta ética debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de las instituciones participantes.
- Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que vigilen de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en todos los miembros de las instituciones públicas participantes, y su respeto irrestricto a los derechos humanos.
- Sistemas adecuados de denuncia ante las autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúan de forma contraria a las normas internas o a la ley. Esto implica la generación de una línea directa para denunciar casos de extorsión o “mordidas” por parte de los servidores públicos.
- Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus acciones, informe ante medios de comunicación sobre detenciones, causas y sanciones.
Para el Comité de Participación Ciudadana es una preocupación y prioridad que toda acción que se implemente en el marco de la pandemia se realice de manera íntegra, transparente y ética, buscando siempre el beneficio de la ciudadanía.
Elvia Higuera Pérez
Rosmi Berenice Bonilla Ureña Elizabeth Vázquez Bernal
Víctor Hugo Vieyra Avilés César Arturo Sereno Marín