La corrupción en los sistemas educativos ha quedado demostrado tiene efectos nocivos conforme a los indicadores que se han formulado para medir la calidad, eficiencia y eficacia en la educación en México, traduciéndose en deficiencias en las y los estudiantes y la falta de acceso para ejercer plenamente su derecho a la educación consagrado en la Constitución Política del país, de igual manera vulnera la equidad y la mejora académica. Por ello obtener en la educación máximos niveles de transparencia y rendición de cuentas, son elementos determinantes para lograr que las personas puedan acceder de manera plena a oportunidades que incidan en su bienestar y mejor calidad de vida.
La exigencia de que sean las áreas rectoras de educación las responsables de garantizar que quienes están en las aulas cuenten con la mejor formación académica, ética y cívica para que garanticen una enseñanza de calidad, con principios y valores, debe ser una tarea impostergable para propiciar en nuestras escuelas un ambiente para la transformación social y los cambios de fondo que necesitamos como país y Estado, urge transitar a una sociedad justa, corresponsable y equitativa.
Evitar la corrupción desde nuestro sistema educativo y en la selección de quienes será el personal docente como responsables de educar a nuestros hijos e hijas, debe ser una prioridad en cualquier Gobierno, garantizando procesos de selección del ingreso a nuestras Normales transparentes, confiables y pulcros, pues es la educación la herramienta más valiosa para la transformación de sociedades y el fomento de valores que caminen hacia una cultura de la legalidad.
Como Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, somos un organismo que acompaña las voces ciudadanas, organizaciones sociales, sociedad civil organizada contra cualquier acto de corrupción que se presuma y se denuncie; es nuestra obligación demandar de las autoridades su investigación y sanción a los responsables en caso de comprobarse los hechos que puedan configurarse como un acto de corrupción, siempre con apego irrestricto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.
La situación denunciada por aspirantes a las nueve normales del estado de Michoacán entre las que se encuentran: ENEF, ENRVQ, ENE, CAMM, ENIM, BCENUF, ENS, CRENAM, CREN, y que fue publicada por diversos medios de comunicación en el estado, en la cual se hace alusión a posibles hechos de corrupción cometidos por personal de la Secretaria de Educación Pública, específicamente de la Dirección encargada de recibir la información correspondiente a la evaluación CENEVAL que es la responsable de manejar y controlar la información para la realización de evaluaciones para ingresar a las diferentes Escuelas Normales del Estado de Michoacán, exige un llamado respetuoso a la Secretaría de Educación en el Estado, para que se revise el proceso de admisión para el ciclo escolar 2020-2021, el cual se debía manejar con absoluta transparencia y honestidad, porque el sistema educativo vive una situación compleja, ha sido objeto de señalamientos y reclamos por las inconsistencias e irregularidades documentadas en su momento por la Auditoria Superior de la Federación y los datos que arrojó el último proceso de fiscalización realizado con miras a federalizar la nómina.
Ante las condiciones actuales, las y los docentes se enfrentarán a nuevos escenarios que exigen por lo tanto de un proceso de selección que garantice que son los más idóneos los que estarán en las aulas para educar a nuestros niños y niñas.
A las y los estudiantes que participaron y cumplieron con todos los requisitos para ingresar a estas instituciones, así como los padres de familia que confiaron en la transparencia del proceso de ingreso, se les deben explicaciones claras y concisas de cómo se llevó a cabo el proceso de selección y la metodología aplicada para este propósito.
Por esta razón, demandamos a las autoridades educativas del estado:
- Revisar el proceso de selección y verificar los exámenes aplicados.
- La revisión de cada uno de los exámenes aplicados.
- Investigar y deslindar responsabilidades de las personas presuntamente involucradas en estos actos de corrupción.
- Justicia y resarcimiento del daño para los aspirantes que se encontrarían en desventaja, en caso de comprobarse la veracidad de estos hechos.
- En caso de encontrar elementos suficientes, anular dicha evaluación y realizar una nueva, con medidas necesarias que deberán incluir un comité de Supervisión y Vigilancia del proceso.
Para las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, resulta una prioridad que toda acción que se implemente en el marco de garantizar uno de los derechos más sentidos, importantes, fundamentales y esenciales como es el derecho a la educación de las y los jóvenes de Estado de Michoacán, se realice de manera honesta, transparente y ética, priorizando en todo momento la integridad y el beneficio de la todas la sociedad michoacana.
Atentamente
Mtra. Elvia Higuera Pérez
Presidenta de Comité de Participación Ciudadana
Rosmi Berenice Bonilla Ureña Elizabeth Vázquez Bernal
Comisionada del CPC Comisionada del CPC
Víctor Hugo Vieyra Avilés César Arturo Sereno Marín
Comisionado del CPC Comisionado del CPC