Lunes 15 de abril de 2019 en Morelia, Michoacán.- Las empresas gastan alrededor de mil 700 millones de pesos en “gestiones para facilitar trámites” y en pagos para “evitar o reducir” multas ante la autoridad, actos considerados como corrupción y que ocurren de manera cotidiana en todas las esferas de gobierno, informó Víctor Hugo Vieyra Avilés, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción durante su participación en el seminario “Combate a la Corrupción desde la Empresa” impartido por integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) a estudiantes que cursan alguna carrera afín dentro del Tecnológico de Monterrey Campus Morelia.
El comisionado también dio a conocer que el 55 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas asegura que la corrupción y los actos deshonestos por parte de sus empleados representa una pérdida superior al 5 por ciento de sus ventas.
Por ello, Vieyra Avilés expuso la importancia del Programa de Integridad Empresarial (PIE), iniciativa que brinda orientación a las empresas sobre cómo combatir la corrupciópn desde el interior de las empresas y que contribuye a que el sector privado pueda dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas promulgada hace tres años.
El Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, Juan José Ten García, explicó que, luego de la promulgación de las reformas hechas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para la creación del Sistema Anticorrupción, todas las empresas que prestan servicios a la autoridad mexicana estarán sujetas a sanciones ante cualquier falta administrativa grave que comentan.
Destacó que es hacer consciencia de la corresponsabilidad que tienen las empresas en la prevención, control y combate a la corrupción pero resaltó que, al sector privado, principalmente le toca la parte de prevenir a través de mecanismos de control para evitar actos indebidos dentro y desde las empresas que tienen alguna relación con el gobierno.
El tambiémn Presidete del Sistema Estatal Anticorrupción lamentó que pese a la creación del Sistema en el país, el acto de corrupción no esté considerado una falta grave en la Ley, aunque sí algunas acciones vinculadas a éste como el soborno, el tráfico de infuencias, la participación ilícita en procedimientos administrativos, la utilización de información falsa en procedimientos administrativos, la obstrucción de investigación, la colusión con uno o más sujetos particulares, el uso indebido de recursos públicos, la contratación indebida de ex servidores públicos, entre otras.
Por su parte, la comisionada Rosmi Bonilla Ureña contextuaizó que desde que México suscribió la Convención Contra la Corrupción de la ONU en el 2003, el estado mexicano se comprometió, por primera vez, a promover la participación ciudadana en temas de corrupción, involucrar al sector privado para el combate de actos indebidos, a promover la integridad tanto el sector público como en el privado, a fomentar la rendición de cuentas, a realizar una adecuada gestión de los asuntos públicos y a procurar la recuperación de activos.
