22 de marzo de 2019 en Morelia, Michoacán.- Pese a la firma de tres convenios internacionales para el combate a la corrupción en México, ninguna de éstas ha sido atendida en el país, denunció Rosmi Bonilla Urena, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Como ponente dentro del Curso-Taller denominado “Sistema Estatal Anticorrupción. Una mirada ciudadana, una mirada institucional” que realizó el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, la Maestra en Gobierno y Asuntos Públicos dio cuenta de los retos que tiene el SEA a nivel local y nacional, además de que clarificó las atribuciones de cada uno de los órganos que integran el Sistema y las constantes confusiones de los ciudadanos frente a sucreación.
Basada en información de la Red por la Rendición de Cuentas, Rosmi Bonilla detalló que el país firmó la Convención Interamericana contra la Corrupción con la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1997, tratado que promueve la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción mediante de leyes y acciones.
A través del seguimiento a este tratado internacional se han emitido más de un centenar de recomendaciones para México, de las cuales 52 sí se iniciaron, pero el SEA desconoce el avance que éstas guardan; otras 58 ni siquiera se han iniciado; y, una más se encuentra en desarrollo y corresponde a la promulgación de la Ley Anticorrupción.
Ante los contadores y funcionarios de la administración pública asistentes al curso, Rosmi Bonilla relató que el tratado de Convención para combatir el cohecho signado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 1999 obliga a tipificar el cohecho de un servidor público extranjero en las legislaciones locales, promover la aplicación de la ley y evitar que los hechos no investigados se evadan con los cambios de gobierno.
Sin embargo, en el seguimiento a este tratado, Bonilla Ureña cuantificó cinco recomendaciones hechas que no tienen estatus, es decir, se empezaron a atender en el país, pero se desconoce su avance; así como 16 más que no se han iniciado y en consecuencia, no cuentan con una actividad de atención; y solo una recomendación se encuentra en desarrollo y se centra en el reconocimiento del cohecho como un delito.
En lo que se refiere al tratado de Convención contra la Corrupción firmado con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2003, la integrante del Comité Ciudadano del SEA, comentó que el país se comprometió a fortalecer la participación ciudadana e involucrar al sector privado en la lucha contra la corrupción, y; a promover la integridad, la rendición de cuentas y la gestión adecuada de los asuntos públicos.
En el seguimimiento a dicho tratado se han acumulado 51 recomendaciones de las cuales 41 no han iniciado su proceso de atención y aunque las 10 restantes se iniciaron, no hay información sobre avance que llevan.
Rosmi Bonilla Ureña aclaró que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) es la instancia que representa a la sociedad ante las autoridades que tienen la obligación de prevenir, controlar y combatir la corrupción, apuntó que, algunas de estas autoridades tienen más de 30 años de haberse fundado y que si estuvieran dando resultados, seguramente México no tendría 184 recomendaciones de organismos internacionales por los pocos resultados en el combate a la corrupción y no hubiera sido necesaria la creación del Sistema Anticorrupción cuyo mayor reto radica en la limitada interacción de las instituciones con la ciudadanía para erradicar los actos de corrupción en todas sus estructuras.
