La corrupción en las campañas políticas

Posicionamiento

          Una de las prácticas corruptas que más dañan a México, a su democracia y a sus instituciones es el clientelismo electoral cuyo objetivo final es comprar el voto de aquellas personas que se encuentran en condiciones de pobreza, tanto en las zonas urbanas como rurales de las treinta y dos entidades de la República, y con ello favorecer de manera ilegal a un candidato o a algún partido político en una competencia por un cargo de elección popular.

          Se calcula que en una campaña de gobernador, por ejemplo, el gasto reportado más el no reportado pero detectado por el Instituto Nacional Electoral (INE) es de 27.9 millones de pesos. Sin embargo, se estima que el gasto real en promedio gira alrededor de 425.3 millones de pesos (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, 2018)

          Como parte de la gran corrupción, el clientelismo electoral implica a una serie de actores políticos y financieros que, en la total opacidad, inyectan dinero ilegal privado o público a las campañas electorales o van tejiendo todo un padrón de “clientes” (gente cuya única moneda de cambio es su voto) a quienes ofrecen recursos públicos a través de los distintos programas sociales con los cuales condicionan el sufragio libre orientándolo en favor de candidatos de algún partido político.

          En cada proceso electoral, individuos con recursos monetarios apuestan miles o millones de pesos a la campaña de algún candidato cambio de algún beneficio futuro (licencias, “triunfos” en concursos o licitaciones, puestos en la burocracia, etc), sin que ese dinero sea reportado a las autoridades electorales o que estas puedan fiscalizarlo con lo cual se genera inequidad en la contienda y distorsiona el resultado electoral que debe ser producto de la voluntad de la mayoría ciudadana. Lo mismo ocurre con servidores públicos que tienen un cargo de elección popular o se encuentran en la parte alta de la jerarquía de los diferentes órdenes de gobierno: delegados federales, gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales, secretarios del gabinete, entre otros.

          Todos ellos constituyen las principales fuentes de financiamiento y recursos ilegales con los que operan los “movilizadores” quienes entran en contacto directo con amplios grupos de electores cuya característica principal es la precariedad económica en la que viven y estos a su vez, en no pocos casos, ofrecen su credencial de elector como prenda en garantía de que en las próximas elecciones votarán por quien el operador o movilizador les diga. Eso está ocurriendo en este preciso instante en muchas zonas marginadas del país.

Esas maquinarias clientelistas no son exclusivas de ningún partido político. Antes y durante la campaña electoral, se venden al mejor postor, cobran y “operan” hoy para un gobierno, partido o candidato y mañana para los opositores.

          La interacción entre dirigentes de partidos políticos, candidatos, servidores públicos, inversionistas-apostadores, movilizadores y los electores-cliente constituyen toda una red de corrupción a la que debemos arrojar toda la luz posible para prevenir, detectar, investigar y sancionar a aquellos que cometen estos actos de corrupción tipificados como delitos electorales.

          Los grandes escándalos generados en la opinión pública por la publicación de vídeos en el que se exhiben a personas ligadas a gobiernos, partidos o candidatos recibiendo maletas o bolsas con fajos de billetes, son solamente un eslabón de toda una cadena de complicidades cuyos actos de corrupción vulneran la legitimidad de origen de quienes ganan elecciones a través de este tipo de prácticas ilegales y lastiman la confianza en los procesos electorales y en las instituciones que soportan nuestra República democrática.

          Como CPC estamos comprometidos a dar seguimiento a los indicios de posibles desvíos de recuros públicos (humanos, materiales y financieros) hacia las precampañas y campañas electorales y a seguir los causes legales que la Ley del Sistema Anticorrupción nos ofrece para que tales hechos se investiguen y se sancionen.

Por todo lo anterior, hacemos un llamado al Instituto Nacional Electoral, a los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades de la República, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales adscrita a la Fiscalía General de la República a que atiendan este problema y lleven a cabo la fiscalización, la investigación y las sanciones correspondientes y a los Partidos, precandidatos, candidatos, servidores públicos y actores políticos en general a actuar con legalidad y ética.

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