CPC comprometido con el sano desarrollo de las instituciones públicas

PRONUNCIAMIENTO

Morelia, Michoacán, México, a 17 de febrero 2020

Preocupadas y preocupados por la transparencia, legalidad y legitimidad que debe acompañar la toma de decisiones en Michoacán, las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana nos pronunciamos, de manera acompañada por diversas organizaciones de la sociedad civil, porque la LXXIV Legislatura del Estado tenga a bien garantizar para los nombramientos que se aproximan en los órganos constitucionales autónomos michoacanos, las siguientes condiciones:

1. Considerar la trayectoria profesional y formación especializada para el puesto que se concursa;

2. Realizar un procedimiento transparente, donde la decisión se encuentre debidamente fundada y motivada;

3. Garantizar la autonomía en las decisiones, eliminando las cuotas de partido en las designaciones.

4. Realizar la designación acorde a la normativa vigente y a las bases emitidas en las convocatorias respectivas.

Lo anterior, en virtud de que los órganos constitucionales autónomos fueron creados con el objetivo de equilibrar el poder público y mejorar las funciones del Estado en aras del bien común. Al hacer eficiente su labor, se pretende lograr el fortalecimiento de la democracia en el país que permita aumentar la confianza ciudadana en los órganos del Estado.

De ahí la importancia de evitar que los nombramientos se lleven a cabo mediante prácticas de corrupción como el nepotismo y tráfico de influencias, por ello resulta fundamental que se prioricen perfiles idóneos, lo cual garantizaría el buen desempeño profesional y el sano desarrollo de las instituciones públicas

Tal es el caso del nombramiento del o la Contralora tanto del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), dos instituciones torales para la consolidación democrática de Michoacán, cuyos Órganos Internos de Control tienen la finalidad de asegurar el seguimiento y vigilancia del correcto ejercicio de los recursos públicos.

Partiendo de la trascendencia de estos órganos internos de control como coadyuvantes del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), se observa una necesidad imperiosa de que se cuente con un proceso de selección claro y abierto, que cumpla con lo establecido en la legislación y atienda las demandas ciudadanas al respecto.

Por otro lado, en el caso del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es imprescindible que las y los Comisionados cuenten con una comprobable trayectoria académica y profesional vinculada con transparencia, derecho de acceso a información pública y derecho de protección de datos personales.

La labor de las y los Comisionados es fundamental no sólo para asegurar el acceso a la información pública y la protección de datos personales, sino que representan un eslabón fundamental en el combate a la corrupción en Michoacán. La designación de este cargo, como el de cualquier órgano autónomo, debe apegarse al principio de legalidad y emplear mecanismos de parlamento abierto, que aseguren la objetividad en la designación.

De igual manera, resulta de suma importancia el nombramiento del o la Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, no solo por la investidura que representa en la defensa de los derechos fundamentales sino porque desde el Comité de Participación Ciudadana, estamos convencidas y convencidos de que cualquier acto de corrupción violenta de manera directa el ejercicio pleno de derechos básicos para la ciudadanía.

El reto histórico de esta legislatura es garantizar procedimientos de designación transparentes, abiertos, apegados a derecho y donde queden totalmente claros los criterios de valoración de los perfiles participantes para los diversos cargos públicos, con la finalidad de elevar la calidad de la democracia en el Estado y hacer de nuestras instituciones un referente anticorrupción a nivel nacional.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC), es una instancia de vinculación con la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y la academia en temas relacionados con el combate a la corrupción, y por lo tanto, portavoz de las diversas opiniones ciudadanas.

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